El ministro de trabajo, Carlos Tomada, entregó a los empresarios y dirigentes sindicales, el proyecto, que contempla elevar de 180.000 a 540.000 el tope, y aumentar, en la misma proporción, los montos de las prestaciones por suma única que pasaran de 30.000 a 90.000 en los casos de incapacidad grave, y de 40.000 a 120.000 cuando se trate de incapacidad total, y de 50.000 a 150.000 en los casos de fallecimientos. En la argumentación del gobierno, compartida con los gremios de la CGT, se especula que el fuerte aumento desalentará a los trabajadores accidentados a iniciar demandas en la justicia para obtener un resarcimiento mayor, desde la CGT, se muestran más que conformes con el posible cambio, mientras que desde las cámaras empresariales, adelantaron, convocarán a una reunión para acordar una posición uniforme, supuestamente en rechazar la medida.
